El 18 de mayo, el viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, general de brigada Vianney Rojas, viajó hasta la Zona Industrial de San Vicente, en Maracay, para participar en persona del desmantelamiento de una granja con 4.000 ASIC que consumían entre 8 y 10 megavatios como parte de lo que han llamado “Operación Cazador”.

Ese mismo día, Hashrate Index publicó que Venezuela quema gas equivalente a 344.000 barriles diarios en la Faja del Orinoco, Maracaibo y el Oriente, energía suficiente para superar todo el hashrate de Bolivia si se aprovechara. El mismo día. El viceministro estaba persiguiendo diez megavatios encendidos mientras dos gigavatios se incendiaban a cielo abierto, sin que nadie fuera a apagarlos. Mega contra Giga. Y nadie va a ir, porque ese fuego no es ilegal: es el funcionamiento actual de PDVSA.

La relación del gobierno con la minería de Bitcoin ha sido alarmantemente variable. “Cacería” entre 2014 y 2017, cuando incautaban equipos casa por casa. Legalización tímida con el Decreto 4.196 de septiembre de 2020 y la creación del Registro Integral de Mineros bajo el control de la Sunacrip. El episodio PDVSA Cripto, opaco hasta hoy. La caída de la Sunacrip en 2023, que dejó a los mineros legales en un limbo donde tenían licencia, pero no contraparte estatal con quien hablar, sin dirección ni claridad.

Y ahora el veto absoluto del 7 de mayo de 2026, reforzado con la llamada «Operación Cazador» y recompensas de USD 1.000 por delación ciudadana —más de cuatro veces el ingreso promedio mensual del venezolano—.

Hayek tenía un punto incómodo de admitir: el cálculo económico no es un problema de inteligencia, es un problema de reglas. Donde las reglas cambian cada dos años, no se construye industria, se construyen mercados en la sombra. Y lo que el oficialismo construyó, sin proponérselo del todo, es exactamente eso: una industria minera condenada a la clandestinidad por decreto.

Conviene leer con cuidado la justificación oficial. El comunicado del Ministerio de Energía Eléctrica habla de «impacto severo y daños estructurales» y de «fluctuaciones que alteran las protecciones de la red». Pero la crisis eléctrica venezolana no tiene como causa unos cuantos galpones con ASIC. Tiene como causa una infraestructura de transmisión que perdió la capacidad de transportar lo que genera. Venezuela cuenta con hasta 17,75 GW de capacidad hidroeléctrica instalada, pero solo 8,5 GW son despachables por la red de 765 kV, cuya infraestructura tiene más del 60% de sus componentes superando la vida útil.

De cada 100 MW que sale del Guri, apenas 40 MW llegan a los hogares venezolanos. El resto se evapora en líneas obsoletas, personas robando cobre, subestaciones sin mantenimiento. Eso no lo causaron los mineros. Eso lo causó una década de desinversión en lo único que sostiene físicamente al país: la infraestructura.

La ironía la corona la planta India Urquía. Cuatro turbinas Siemens SGT6-5000F. USD 2.178 millones invertidos en su día. Parada. ¿Por qué? Porque no hay divisas para los contratos de mantenimiento. Acusar a la minería de Bitcoin —que dentro de todo aporta 5 exahashes por segundo, alrededor del 0,47% del hashrate global— de la inestabilidad del sistema eléctrico nacional es un error.

El estudio Rethinking Load Growth del Nicholas Institute de la Universidad de Duke demostró que las cargas flexibles —y la minería de Bitcoin es la carga flexible por antonomasia— permiten integrar hasta 76 gigavatios de nueva demanda en la red eléctrica estadounidense, equivalentes al 10% del pico nacional, con apenas un 0,25% de reducción voluntaria de consumo al año. Es decir: las cargas que pueden apagarse cuando la red lo pide no son una amenaza, son el amortiguador. 

Texas, donde ERCOT integra a los mineros como respuesta a la demanda, ahorró miles de millones en estabilización durante las olas de calor de los últimos años: cuando la demanda residencial sube, los mineros se apagan en segundos y devuelven los megavatios a la red, a veces cobrando por hacerlo. Luego, cuando la demanda está baja, vuelven a conectarse, manteniendo la estabilidad del consumo.

El punto teórico es simple. La minería de Bitcoin es la única carga industrial 100% interrumpible, 100% relocalizable, 100% modular del planeta. Una fábrica de aluminio no se apaga cuando hace falta luz para los aires acondicionados de Maracay. Un ASIC sí. Un data center de inteligencia artificial necesita uptime cercano al 100%; un minero opera felizmente al 60% si eso conviene a la red. Esa diferencia —técnica, no ideológica— es lo que hace que la minería de Bitcoin sea beneficiosa para la red eléctrica.

Mientras tanto, el resto de la región hace la cuenta sin tanto drama. Alps, una operadora italiana que ya corre 15 EH/s a nivel global, va a desplegar 127 MW en una termoeléctrica ociosa en Cochabamba para alcanzar 8,5 EH/s de hashrate boliviano. Francesco Buffa, su CEO, ya dijo públicamente que miraría Venezuela si se abriera el mercado.

Lo que para Bolivia es inversión extranjera directa en una termoeléctrica que de otro modo se oxidaría, para Venezuela es una granja allanada por la Guardia Nacional Bolivariana bajo la «Operación Cazador».

El gas quemado de la Faja equivale a unos 2 GW de potencial generador. A los costos de CapEx de la industria —entre USD 350.000 y USD 1.000.000 por megavatio en infraestructura minera con gas asociado— estamos hablando de entre USD 700 millones y USD 2.000 millones en inversión privada extranjera que podrían entrar al país en joint ventures como los que ya operan con Chevron en Texas, con petroleras en Nigeria, con Eni y Shell en otras geografías. Una licencia clara, un impuesto razonable sobre las ganancias en BTC o su equivalente en dólares, y el fisco venezolano captaría divisas frescas sin tocar un solo megavatio de la red residencial.

Esto es lo que el ministerio decidió prohibir el 7 de mayo. Y aquí la pregunta deja de ser técnica y se vuelve política. ¿Por qué un Estado que necesita divisas con desesperación, que tiene infraestructura termoeléctrica parada por falta de dólares para mantenimiento, que enfrenta apagones diarios en un tercio de los hogares, persigue precisamente a la única industria capaz de capitalizar sus excedentes?

Cobrar impuestos a una industria legal produce más ingresos, año tras año, que confiscar 4.000 máquinas usadas Whatsminer M30S de una sola vez. La cuenta es elemental.

Lo que falta no es recurso, ni geografía, ni siquiera capital extranjero dispuesto a venir. Lo que falta son reglas claras y perdurables en el tiempo.

El gobierno está rechazando con sus propias manos la única industria global dispuesta a entrar a Venezuela ahora mismo con capital, tecnología y dólares en la mesa.

Washington flexibilizó en marzo las licencias OFAC GL 48A y GL 49A para permitir que empresas estadounidenses provean servicios al sector eléctrico venezolano. Mientras tanto, se incautan máquinas de minería y se ofrecen recompensas a delatores. La minería de Bitcoin puede ser la solución para estabilizar la red eléctrica venezolana; no hay que cazarla.

Fuente: www.criptonoticias.com